Gavin Newsom, gobernador de California, ha firmado una orden ejecutiva destinada a armonizar un marco normativo para el blockchain entre el gobierno federal y el estado de EE.UU., así como a estimular la innovación en este espacio.

En un anuncio realizado el miércoles, la oficina del gobernador de California dijo que la orden ejecutiva N-9-22 y la Ley de Protección Financiera del Consumidor de California permitirían al estado crear «un entorno empresarial transparente y coherente para las empresas» de Web3 y del espacio de las criptomonedas, incluidas las empresas de tecnología financiera y de blockchain. Según la orden, el gobierno del estado de California tendrá que establecer un enfoque regulador de los criptoactivos que coincida con el establecido en la orden ejecutiva del presidente de EE.UU. Joe Biden sobre los activos digitales firmada en marzo.

En concreto, según la orden, la Oficina del Gobernador de California para el Desarrollo Económico y Empresarial se coordinará con la Agencia de Empresas, Servicios al Consumidor y Vivienda y el Departamento de Protección e Innovación Financiera, o DFPI, para obtener información de las partes interesadas. El DFPI creará un enfoque regulador de las criptomonedas para el estado mientras la Agencia de Operaciones Gubernamentales explora casos de uso de la tecnología blockchain para el público. Además, el Consejo del Gobernador para la Educación Postsecundaria se encargará de identificar las oportunidades para la investigación y los conductos de mano de obra.

«California es un centro mundial de innovación, y estamos preparando al Estado para que tenga éxito con esta tecnología emergente, estimulando la innovación responsable, protegiendo a los consumidores y aprovechando esta tecnología para el bien público», dijo el gobernador. «Con demasiada frecuencia, el gobierno va a la zaga de los avances tecnológicos, por lo que nos estamos adelantando en este aspecto, sentando las bases para que los consumidores y las empresas puedan prosperar».

Entre las prioridades del gobernador para la orden estaba abordar la claridad regulatoria en el espacio de los activos digitales, incluyendo que las agencias estatales se coordinen con las del nivel federal, y explorar «las oportunidades para desplegar las tecnologías de blockchain para abordar las necesidades emergentes y de servicio público.» El DFPI tiene 30 días para solicitar comentarios públicos sobre las regulaciones de cripto, mientras que el gobierno estatal tiene 60 días desde la publicación de un informe federal relacionado con la orden para informar sobre el progreso a la oficina del gobernador.

La orden ejecutiva fue otro ejemplo de la falta de un marco regulatorio consistente para las empresas de cripto y blockchain que operan en los Estados Unidos. Mientras que la orden ejecutiva del presidente Biden intenta abordar algunas de estas cuestiones, los legisladores a nivel estatal también han actuado, aparentemente debido a la falta de supervisión federal. En febrero, el gobernador de New Hampshire, Chris Sununu, emitió una orden ejecutiva por la que se creaba una comisión para estudiar las criptomonedas. Las empresas de criptografía que operan en el estado de Nueva York están obligadas a obtener una licencia BitLicense desde 2015.