Con 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó el 11 de diciembre el proyecto de legalización del aborto, denominado “media sanción”. El proyecto será discutido en el Senado.
Actualmente el aborto es ilegal y supone una pena de prisión de hasta 4 años para la victimaria, excepto en caso de violación y riesgo vital para la madre.
La sesión iniciada a las 11 a.m. del jueves 10 de diciembre se extendió por unas 20 horas. El proyecto de “Regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención posaborto”, fue elaborado por los ministerios de Salud y de Mujeres, Géneros y Diversidades en coordinación con la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia.
La iniciativa que envió el Poder Ejecutivo a Diputados el pasado 17 de noviembre estipula que “las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar” tienen derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 del proceso gestacional.
El curso legislativo hizo que durante las discusiones previas el texto recibiera modificaciones, entre las que se rescatan, se indica el resguardo de la “objeción de conciencia”, por parte de instituciones médicas que se podrán negar a practicarlo, pero con la obligación de derivar a las pacientes para su atención. Para los casos de menores de 16 años, debe ser consentido y se ejecutará según lo dispuesto en el Código Civil, que indica que “la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales”.
Después de las 14 semanas de gestación se puede realizar un aborto bajo la causal de “peligro para la vida o la salud integral” de la madre.
El proyecto, además, señala que el aborto se debe realizar en un plazo máximo de 10 días y el personal de salud “garantiza las condiciones mínimas y derechos” en la atención del aborto y postaborto. También, esta ley exige que se debe proporcionar toda la información sobre los múltiples métodos abortivos, los alcances y consecuencias de la práctica y los derechos de la mujer“, durante el proceso de atención, incluso si no hay una solicitud explícita.
El proyecto plantea la obligación de denuncia en caso de violación de personas menores de edad.
El proceso se había iniciado en abril de 2018; cuando la misma Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley de aborto, en esa ocasión con 129 votos a favor, 125 en contra y 1 abstención.
Sin embargo, el Senado rechazó el proyecto por 38 votos contra 31, con dos abstenciones y una ausencia.
El 17 de noviembre de 2020; el Presidente Alberte Fernández presentó un proyecto del aborto junto al llamado “Proyecto de los 1000 días» o de “Atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia”, desarrollado por el ministerio de Desarrollo Social.
Desde entonces, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y los presidentes de las comisiones de Legislación General, de Legislación Penal, de Acción Social y Salud Pública, de Mujeres y Diversidad, determinaron que el trámite del proyecto debía realizarse en un plazo de diez días. Entre el 1 y el 3 de diciembre se escucharon a 70 expositores. Proceso que culmino con el despacho del proyecto hacia el Senado argentino.
La diputada nacional por Buenos Aires (Argentina), Dina Rezinovsky, advirtió: “al igual que el proyecto de ley de 2018, el texto habla de legalizar el aborto en la semana 14 de gestación, pero además habla de causales que tiene que ver con la salud, entendida en el sentido amplio que tiene la Organización Mundial de la Salud, es decir, de que se puede practicar un aborto a partir de un problema psicológico, hasta una interferencia en los planes de vida personales o problemas económicos que le generan angustia a la madre”. “Una ve que de esta manera el aborto se termina extendiendo desde el límite de la edad gestacional hasta llegar casi prácticamente al día del parto. Este proyecto es perjudicial y termina siendo un aborto irrestricto hasta el último momento del embarazo”.
Con este trámite avanzado, Argentina nuevamente se coloca al borde del umbral de los países que despenalizan el aborto, transformando su práctica en un derecho.
