La combinación de los precios al consumo y las huelgas del sector público ha despertado, comprensiblemente, el recuerdo de los años anteriores a la reciente era de inflación persistentemente baja. Ahora les corresponde a los responsables políticos gestionar la situación de forma adecuada, incluso si eso significa decir a los votantes lo que no quieren oír.
Últimamente se ha hablado mucho de una vuelta a las condiciones económicas de los años 70. Aquí, en el Reino Unido, la inflación interanual alcanzó el 9,1% en mayo, y las huelgas laborales perturbadoras dominan los titulares.
Pero, ¿se avecina realmente una economía al estilo de los años 70? Mucho dependerá de lo que ocurra con los acuerdos salariales y la política monetaria y fiscal. Y, por supuesto, hay que tener en cuenta varias fuerzas mundiales, como la COVID-19, las inciertas perspectivas económicas de China, la guerra de Rusia en Ucrania y el lamentable estado de la gobernanza económica y política mundial en general.
Con los trabajadores exigiendo mayores salarios, las expectativas de inflación a largo plazo se han convertido en una cuestión central. A principios de junio, la encuesta de expectativas de inflación de la Universidad de Michigan, muy vigilada, mostró que las expectativas de inflación de los encuestados para los próximos cinco años habían aumentado considerablemente, pasando del 3% al 3,3%. Esto es preocupante, y es un golpe para aquellos (como yo) que han estado argumentando que la evidencia del panorama a medio y largo plazo es todavía bastante mixta. Otros estudios (ajenos a los mercados financieros) habían sugerido que los recientes repuntes de los precios de la energía, los alimentos y el consumo eran acontecimientos puntuales, más que signos de auténtica inflación.
Pero ahora, existe un mayor riesgo de que las expectativas de inflación se desanclen efectivamente. Esto pone a la Reserva Federal de EE.UU. y a otros bancos centrales en una posición difícil, porque simplemente no pueden permitir que esta tendencia se consolide. Si lo hicieran, volveríamos a los días oscuros de hace cinco décadas. El tono de las actas del Banco de Inglaterra tras la reciente subida de los tipos de interés en 25 puntos básicos fue notablemente más agresivo que antes, lo que apunta a más subidas de los tipos de interés en las próximas semanas y meses.
En este contexto, las negociaciones salariales se han convertido en un factor decisivo para las perspectivas económicas. Ante el mayor riesgo de una espiral de precios salariales, creo que el gobierno británico hace bien en adoptar una línea dura con el principal sindicato ferroviario. Hay que enviar un mensaje contundente a la opinión pública y a los medios de comunicación. Aunque la inflación del 8-9% representa un gran golpe para los ingresos disponibles, está impulsada en gran medida por los picos de los precios de la energía y los alimentos, que finalmente se resolverán. Si queremos que la inflación vuelva a los bajos niveles de los más de 20 años anteriores, lo último que necesitamos es un aumento masivo y permanente de los acuerdos salariales del sector público (a menos que puedan justificarse con aumentos igualmente masivos de la productividad).
Además, la presión adicional sobre las finanzas del sector público sería aún más grave que en el pasado, lo que complicaría aún más los difíciles debates sobre el nivel adecuado de impuestos en relación con el gasto público. Escribo esto como defensor de conceptos como «beneficio con propósito», y como vicepresidente de la Northern Powerhouse Partnership y presidente de Northern Gritstone. Por ahora, hay que permitir a los responsables políticos que controlen la inflación, especialmente las expectativas de inflación a largo plazo.
Para ello, hay tres elementos para una respuesta eficaz.
En primer lugar, los gobiernos deben permitir a sus bancos centrales hacer lo necesario para frenar los precios.
En segundo lugar, los políticos deben dejar de crear la impresión de que los gobiernos tienen un árbol mágico del dinero que pueden agitar para resolver todos los problemas que surjan. Si un gobierno quiere demostrar que está siendo proactivo, debe introducir un marco debidamente considerado para su política fiscal.
Un buen ejemplo es la famosa «regla de oro» del ex primer ministro británico Gordon Brown, que permitía al sector público pedir préstamos sólo para pagar inversiones de capital, mientras que el gasto corriente debía financiarse con impuestos y otros ingresos. Ahora se necesita desesperadamente una versión revisada de esta regla para garantizar que el gasto de inversión del sector público no sólo se proteja, sino que se fomente.
En tercer lugar, y en una nota relacionada, los gobiernos deben tomarse más en serio el gasto de inversión a largo plazo en general, especialmente en lo que se refiere a la «nivelación» de las regiones rezagadas. Los responsables políticos deberían decir a las empresas que se olviden de las reducciones de impuestos, a menos que puedan reunir pruebas que demuestren que dichas medidas impulsarán la productividad. Décadas de recortes del impuesto de sociedades no parecen haber impulsado la inversión y la productividad de las empresas de manera significativa.
El mejor enfoque es apoyar a las empresas e industrias que asumen riesgos (como el capital riesgo) en las regiones subdesarrolladas, y ser más audaces a la hora de regular las técnicas sofisticadas de gestión de balances, como la recompra de acciones, permitiéndolas quizá sólo cuando haya pruebas reales de mejoras en la productividad. Al mismo tiempo, los líderes políticos deben explicar a los ciudadanos – especialmente a los millones de trabajadores con rentas más bajas – por qué es de interés para todos aceptar algunos retrocesos en los ingresos reales (ajustados a la inflación) como parte del proceso de contención de la inflación.
Sin estabilidad de precios o mejoras de la productividad, las políticas salariales, fiscales o monetarias generosas serán económicamente insostenibles. No representarán más que falsas promesas.
