La Agencia de Supervisión Financiera de la República de Kazajstán informó el martes de que 55 explotaciones mineras ilegales «cesaron voluntariamente su actividad» debido a una campaña de aplicación de la ley por parte del organismo regulador, y las operaciones de otras 51 entidades «se dieron por terminadas». La operación de aplicación de la ley se centró en las explotaciones mineras ilegales que ponían en peligro la red energética del país. En su comunicado, la agencia pide que se desarrolle un enfoque regulatorio claro para la minería de criptomonedas.
Según el comunicado, todos los operadores señalados no sólo habían congelado el proceso de minería, sino que también desmantelaron las plataformas y las retiraron de los «lugares de despliegue».
El comunicado mencionaba una serie de figuras empresariales de alto nivel que estaban supuestamente vinculadas a la actividad ilegal. Entre ellos se encontraban un ex presidente de la empresa estatal de gas Qazaqgaz, un ex jefe del departamento de delitos de drogas de la policía nacional y la decimoséptima persona más rica del país.
Estas operaciones se consideraron ilegales porque no habían informado a los reguladores de su actividad, se habían integrado ilegalmente en la red o habían evadido el pago de impuestos y aduanas. Parte de la energía que utilizaban los operadores ilegales debería haberse destinado a la producción industrial.
La agencia se incautó de más de 67.000 equipos por valor de unos 190 millones de dólares y abrió 25 causas penales. Según se informa, el consumo diario de energía en el país se redujo en 600 MWh tras la redada de aplicación.
La acción coercitiva no es una sorpresa, ya que Kazajistán ha estado intensificando sus esfuerzos para reducir la carga de estrés que la cripto minería ilegal ha estado poniendo en su red. En agosto de 2021, el país albergaba más del 18% de la tasa de hash global de BTC, pero en febrero de 2022 el Ministerio de Energía nacional anunció su estrategia para identificar y desconectar de la red las granjas de minería que no cumplieran con los requisitos.
Esto no quiere decir que el país esté pensando en tomar algún tipo de medida enérgica contra la minería de criptomonedas. Hay claros indicios de que el gobierno está trabajando en un enfoque regulatorio razonable que le ayude a beneficiarse de las nuevas oportunidades. Como dice el comunicado de prensa de la Agencia de Supervisión Financiera, «teniendo en cuenta estos acontecimientos, el grupo de trabajo interdepartamental está trabajando en las decisiones sistemáticas para regular las cuestiones problemáticas.»
