España impone medidas contra promoción de criptomonedas

España impone restricciones a la publicidad de las criptomonedas por parte de los influencers

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En una aparente primicia en la UE, la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España ha recibido el poder de regular la publicidad de las criptomonedas.

Las medidas, publicadas en el diario oficial del país el lunes, entrarán en vigor dentro de un mes. Exigen que los influencers y sus patrocinadores notifiquen previamente a las autoridades algunas publicaciones y adviertan de los riesgos de las criptomonedas o se arriesgarán a recibir multas.

«Estamos muy entusiasmados por la forma en que esto pondrá orden en la forma en que se promueve el cripto, no sólo a través de los medios de comunicación tradicionales, sino también a través de los influencers», dijo Rodrigo Buenaventura, jefe del organismo de control, en una entrevista con el Financial Times.

«Si los influencers no estuvieran cubiertos habría una ventana para evitar la regulación. Es un terreno nuevo, para nosotros y para ellos, y habrá momentos de fricción, pero eso siempre ocurre cuando se introducen normas para algo que no estaba regulado antes».

Los nuevos poderes del organismo de control español llegan después de su enfrentamiento en noviembre en Twitter con la leyenda del fútbol español Andrés Iniesta por su promoción pagada de Binance, el mayor exchange de criptodivisas del mundo, cuando la comisión dijo al ganador del Mundial que era su responsabilidad informar a sus seguidores de los riesgos de las criptodivisas.

La normativa propuesta para toda la UE sobre el sector aún no se ha acordado y no intenta coordinar las normas para los anunciantes, como los influencers.

Por ello, Madrid y otras capitales europeas intentan al menos regular la promoción de los criptoproductos. A finales del año pasado, Francia encomendó a una unidad supervisada por su Ministerio de Finanzas la función de investigar la criptopublicidad en línea.

Una estrella francesa de un reality de TV fue multada con 20.000 euros en julio por «prácticas comerciales engañosas» tras publicar un anuncio de un sitio de comercio de Bitcoin en Snapchat.

«Al igual que ha hecho ahora España, otros países están decidiendo no limitarse a esperar un par de años a que el reglamento de la UE lo decida todo, sino asumir ámbitos como la publicidad», ha dicho Buenaventura.

Según la nueva normativa española, los influencers tendrán que revelar si reciben una remuneración por promoción de las criptomonedas, ya sea monetaria o de otro tipo.

Si es así, el organismo de control exigirá que sus publicaciones incluyan declaraciones prominentes «claras, equilibradas, imparciales y no engañosas» sobre los riesgos de la inversión en cripto y una advertencia de que la criptoinversión no está regulada, es potencialmente inadecuada para los inversores minoristas y podría conducir a la pérdida de todos los activos invertidos.

Los influencers o medios de comunicación con más de 100.000 seguidores en España tendrán que notificar al organismo de control el contenido de sus criptopromociones con al menos 10 días de antelación. Las multas por incumplimiento podrían alcanzar los 300.000 euros.

Las nuevas normas de publicidad españolas se aplican a los propios grupos de criptomonedas y a las empresas de relaciones públicas que contraten, así como a los influencers.

Un funcionario de la Comisión Europea dijo que Bruselas no tiene «ninguna objeción de principio» a que los Estados miembros regulen antes de que entre en vigor el régimen de criptomonedas de la UE, denominado Mica, siempre que las normas nacionales y las de la UE sean compatibles. «Dependiendo de la situación específica, una vez que la Mica entre en vigor, las normas pueden tener que ser ajustadas», añadió el funcionario.

Paralelamente, la Tesoreria del Reino Unido está estudiando una propuesta para endurecer las normas sobre la publicidad de las criptomonedas. La nueva normativa británica probablemente exigiría que los anuncios de criptomonedas recibieran la aprobación previa de una empresa autorizada por la Autoridad de Conducta Financiera, con posibles multas en caso de infracciones graves.

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